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Decreto 4384/09
Implementación del Código Procesal Penal (Ley 9.754) en Concordia

Paraná, 11 de Noviembre de 2009
Boletín Oficial, 5 de Marzo de 2010

VISTO:

Las Leyes N° 9754, 9818 y 9884; y;

CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 9754, se sancionó el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos, el cual, según lo que se dispuso en el artículo 590º de la misma, comenzaría a regir a los doce meses de su publicación oficial;

Que posteriormente, por Ley N° 9818, se suspendió la aplicación de dicho código por el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de vigencia fijada por el artículo 590° de la Ley N° 9754;

Que por Ley N° 9884 y atento a la complejidad del sistema, la Legislatura de la Provincia, atendiendo a razones prácticas y en aras de la seguridad jurídica, dispuso una nueva prórroga para la puesta en vigencia del Código Procesal Penal, e implementó un sistema progresivo de aplicación del mismo, según el cual éste comenzaría a regir en la Jurisdicción Judicial Concordia a partir del 29 de junio de 2009, fecha que fuera prorrogada por acordada del Superior Tribunal de Justicia y fijada para el 1º de setiembre de 2009;

Que para que este sistema de implementación progresiva tenga buenos resultados, este Poder Ejecutivo realizó sendas consultas al Superior Tribunal de Justicia para que sea éste el que señale las reformas necesarias a los efectos de lograr la optimización en el procedimiento;

Que el Poder Judicial libró oficio N° 541 por el cual comunica los lineamientos de un proyecto de ley para cumplimentar con los fines supra señalados;

Que este Poder Ejecutivo aprueba y hace suyos los lineamientos del anteproyecto de ley remitido por el Superior Tribunal de Justicia, el cual se acompaña al presente como anexo I;

Que atento a la necesidad de iniciar inmediatamente el primer paso de la implementación progresiva de la Ley N° 9754, esto es, la puesta en marcha del nuevo sistema en la Jurisdicción Judicial de Concordia, este Poder Ejecutivo se ve en la necesidad de dictar el presente texto legal ad referéndum de la Legislatura, por el cual se generan las modificaciones estrictamente necesarias y de carácter urgente en el sistema hasta la fecha existente;

Por ello;
El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1º - Apruébanse las disposiciones contenidas en el anexo I del presente texto legal y dispóngase su inmediata ejecución a los efectos de la implementación de la Ley N° 9754 en el ámbito de la Jurisdicción Judicial Concordia, conforme lo expuesto en los considerandos del presente.

Art. 2º - El presente decreto se dicta ad referéndum de la Honorable legislatura.

Art. 3º - El presente decreto será refrendado por los señores Ministros Secretarios de Estado en Acuerdo General.

Art. 4º - Regístrese, comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.

SERGIO D. URRIBARRI
Adán H. Bahl
Diego E. Valiero
Angel F. Giano

ANEXO I

Art. 1º - Establécese un régimen progresivo de aplicación del Código Procesal Penal sancionado por Ley N° 9754, el cual se irá implementando en las fechas dispuestas en la Ley N° 9884 y la Acordada General del Superior Tribunal de Justicia N° 20/09 de fecha 23 de junio de 2009, punto 9°, g).

Art. 2º - A los efectos dispuestos en el artículo anterior, el Ministerio Público y el Poder Judicial se regirán por sus respectivas leyes orgánicas en todo cuanto no se encuentren modificados por la presente.

Art. 3º - De los órganos del Ministerio Público. El Ministerio Público será desempeñado por:
1.- El Procurador General de la Provincia.
2.- El Defensor General de la Provincia.
3.- Procuradores Adjuntos.
4.- Defensores Adjuntos.
5.- Fiscales Generales de Coordinación.
6.- Defensores Coordinadores.
7.- Los Agentes Fiscales.
8.- Los Fiscales Adjuntos o Fiscales Auxiliares.
9.- Los Defensores de Pobres y Menores.
10.- Los Defensores de Pobres y Menores Adjuntos o Defensores de Pobres y Menores Auxiliares en materia penal.
11.- Los Secretarios Generales de Coordinación.

Art. 4º - De las salas con competencia en materia penal. Con la entrada en vigencia de la Ley N° 9754, las salas con competencia en materia penal de las respectivas cámaras estarán integradas por un conjunto o colegio de jueces cuyo número y lugar de asiento se determina en la presente ley.
Las mismas intervendrán en las apelaciones y juicios según la competencia asignada, preservándose la imparcialidad del tribunal, evitando que el juez que intervenga ante un recurso de apelación lo haga en el trámite de juicio y viceversa.

Art. 5º - De su número y lugar de asiento. Habrá en la Provincia siete salas con competencia en materia penal. Tres con asiento en la ciudad de Paraná, una en la ciudad de Concordia, una en la ciudad de Concepción del Uruguay, una en la ciudad de Gualeguay y una en la ciudad de Gualeguaychú.

Art. 6º - De la forma en que se compondrán y de su competencia.
A) Sala penal de Paraná: Estará integrada por nueve jueces y ejercerá su competencia territorial en los Departamentos Paraná, Diamante, La Paz y Feliciano. Los miembros de esta Sala se corresponden con las salas penales en funcionamiento a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 9754, los dos Jueces correccional es de la ciudad de Paraná y por el Juez correccional de la ciudad de La Paz.
B) Sala penal de Concordia: Estará integrada por cinco jueces y ejercerá su competencia territorial en los Departamentos Concordia, Federación y Federal, siendo también tribunal de alzada de las apelaciones que se deduzcan en la jurisdicción. Esta Sala será conformada con los tres vocales de la sala penal en funcionamiento a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 9754 y los dos restantes por reasignación de un cargo de juez correccional y un cargo de juez de instrucción. Este último será designado en forma provisoria hasta tanto se cubra en forma definitiva el cargo.
C) Sala penal de Concepción del Uruguay: Estará integrada por cinco jueces y ejercerá competencia territorial en los Departamentos judiciales de Uruguay, Colón, Tala y Villaguay. Los miembros de esta sala se corresponden con la sala penal en funcionamiento a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 9754, el juez correccional de la ciudad de Concepción del Uruguay y un nuevo cargo de juez de cámara que se creará al efecto.
D) Cámara con competencia en materia penal de Gualeguay: Estará integrada por cuatro jueces y tendrá competencia territorial en los Departamentos Gualeguay, Nogoyá y Victoria. Esta sala será conformada por los tres vocales de la sala penal en funcionamiento a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 9754 y el restante por reasignación del cargo de juez correccional de Nogoyá.
E) Sala penal de Gualeguaychú: Estará integrada por tres jueces y tendrá competencia territorial en los Departamentos Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. Esta sala se formará a partir de la creación de un cargo de juez de cámara y la reasignación de los cargos de juez correccional y juez de instrucción existentes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley N° 9754. Este últimos será designado en forma provisoria hasta tanto se cubra en forma definitiva el cargo.

Art. 7º - Con la entrada en vigencia de la Ley N° 9754 en los Departamentos judiciales de Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú y con la puesta en funcionamiento de la sala penal de este último, la competencia se distribuirá del siguiente modo:
a) Los juicios serán llevados en la jurisdicción de cada cámara.
b) Las Cámaras de Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, tramitarán las apelaciones provenientes de sus jurisdicciones.
c) En las apelaciones provenientes de la jurisdicción Gualeguaychú, intervendrá la Cámara de Gualeguay.
d) En las apelaciones provenientes de la jurisdicción Gualeguay, intervendrá la Cámara de Gualeguaychú.

Art. 8º - En caso de subrogación, los jueces de cámara serán reemplazados por jueces de garantía de la jurisdicción en que ésta se encuentre y siempre que no hubiere intervenido en la causa, de manera tal que se preserve la imparcialidad del tribunal. Agotada esta posibilidad, el reemplazo provendrá de los jueces de cámara de las demás jurisdicciones de la Provincia, según el orden que se establezca por sorteo efectuado por el Superior Tribunal de Justicia cada año.

Art. 9º - En todos los casos, los jueces integrantes de las salas penales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 409 del nuevo CPP., conocerán y decidirán de modo unipersonal, las causas en que el o los delito/s imputado/s prevea/n una sanción en abstracto que no supere los diez años. Por otra parte, los jueces conservarán la competencia para intervenir y decidir unipersonalmente los delitos referidos en el artículo 26 del Código Procesal Penal - Ley 4843 y sus modificatorias y aquellos previstos mediante la acordada vigente a la fecha. Estas causas pendientes de trámite por el sistema de enjuiciamiento anterior, serán distribuidas de manera igualitaria y por sorteo, entre los jueces de la sala que integren.

Art. 10º - Los jueces correccionales y de instrucción nombrados para ocupar cargos de jueces en las salas penales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6° del presente texto, serán equiparados, mientras dure su función, en jerarquía, funciones y haberes a los jueces de cámara.

Art. 11º - A partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 9754, los jueces de instrucción pasarán a cumplir funciones de jueces de garantía. Sin perjuicio de lo expuesto, se deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) En la ciudad de Paraná, tres de ellos conservarán sus funciones de jueces de instrucción en el trámite de causas pendientes hasta tanto lo disponga el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos por acuerdo, a propuesta de la sala penal.

b) En la ciudad de Concordia uno de ellos pasará, provisoriamente y hasta tanto se cubra en definitiva el cargo, a formar parte de la sala penal correspondiente, en tanto que los demás cumplirán funciones de jueces de garantías sin perjuicio de que uno de ellos mantenga temporalmente sus funciones de juez de instrucción para las causas pendientes, ello hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, a propuesta de la sala penal, disponga lo contrario.

c) En la ciudad de Concepción del Uruguay conservarán sus funciones de jueces de instrucción en el trámite de causas pendientes hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia, a propuesta de la sala penal, disponga lo contrario.

d) En la ciudad de Gualeguaychú uno de ellos conservará sus funciones de juez de o instrucción en el trámite de causas pendientes hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia, a propuesta de la sala penal, disponga lo contrario.

e) En la ciudad de Gualeguay conservarán sus funciones de jueces de Instrucción en el trámite de causas pendientes hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia, a propuesta de la sala penal, disponga lo contrario.

f) En las restantes jurisdicciones en donde exista un solo juez de instrucción, éste pasará a desempeñarse como juez de garantías pero continuará en el trámite de las causas pendientes como juez de instrucción hasta tanto termine el trámite o bien hasta tanto el Superior Tribunal de Justicia, a propuesta de la sala penal, disponga lo contrario.

Art. 12º - Los jueces de instrucción que pasen a cumplir funciones de jueces de garantía, según las atribuciones y competencia que contempla la Ley N° 9754, conservarán el cargo, la jerarquía y los haberes correspondientes al cargo de Juez que detentan. Para el cumplimiento de su cometido, el juez de instrucción residual, tendrá el plantel que se estime adecuado a sus funciones. En estos casos, y para las causas del anterior sistema de enjuiciamiento, en caso de ausencia o impedimento, será sustituidos por otro juez residual si lo hubiera en la jurisdicción, o en su defecto, un juez de garantías, un juez del trabajo o civil y comercial con competencia territorial en la jurisdicción, por los fiscales o defensores de pobres y menores que no hubieren intervenido en el proceso, o bien por un secretario.

Art. 13º - En las jurisdicciones en que sea puesta en vigencia la Ley N° 9754, el Superior Tribunal de Justicia, a propuesta del defensor general o del procurador general, podrá disponer, según las necesidades del departamento, que los secretarios pasen a desempeñar funciones de fiscales auxiliares o adjuntos o de defensores de pobres y menores auxiliares o adjuntos, conservando éstos la jerarquía y el nivel de remuneraciones que actualmente poseen. El Superior Tribunal de Justicia también podrá disponer por sí o a propuesta de los Representantes de los Ministerios Públicos, que los secretarios de instrucción o cámara, pasen a revistar funciones de secretarios de la oficina de gestión de audiencias, o según el caso, de los juzgados de garantías o de tribunal de juicio según las particularidades de cada jurisdicción, conservando el nivel de remuneraciones y la jerarquía del funcionario. En estos casos, por tratarse de una reubicación del funcionario, en caso de que sea titular, no se exigirá rendir un nuevo concurso.

Art. 14º - Créase un cuerpo de mediadores judiciales que intervendrá en materia penal, en aquellos casos previstos por el Código Procesal Penal (texto Ley N° 9754), leyes especiales o en aquellos supuestos que se fijen por acordada del Superior Tribunal de Justicia. En la Jurisdicción Concordia, estará integrado por tres empleados, a los cuales se les asignará la categoría del escalafón correspondiente. Se faculta además, al Superior Tribunal de Justicia, a reubicar el personal a su cargo y que reviste en las jurisdicciones donde se pondrá en vigencia la Ley N° 9754, y a crear con el personal existente, conservando la jerarquía y remuneración respectiva las oficinas de gestión para el Ministerio Público, los juzgados de garantía y las salas penales, según las necesidades de cada jurisdicción y las propuestas recibidas desde los representantes del Ministerio Público.

Art. 15º - Créanse tres cargos de mediadores, un cargo de agente fiscal, dos cargos de agente fiscal auxiliar o adjunto, tres cargos de defensores de pobres y menores auxiliares o adjuntos y tres cargos de escribientes, para la jurisdicción concordia créanse un cargo de juez de cámara, dos cargos de agentes fiscales, cuatro cargos de fiscales auxiliares, un cargo de defensor auxiliar, dos cargos de mediadores y tres cargos de escribientes, para Concepción del Uruguay. Créanse un cargo de agente fiscal, dos cargos de fiscales auxiliares, un cargo de defensor auxiliar, un cargo de mediador y tres cargos de escribientes, para Colón. Créanse un cargo de agente fiscal, dos cargos de fiscales auxiliares, un cargo de defensor auxiliar, un cargo de mediador y tres cargos de escribientes, para Villaguay. Créanse un cargo de fiscal auxiliar, un cargo de mediador y tres cargos de escribientes, para Rosario del Tala. Créanse un cargo de juez de cámara, un cargo de fiscal de cámara, un cargo de agente fiscal, tres cargos de fiscales auxiliares, un cargo de defensor auxiliar, dos cargos de mediadores y tres cargos de escribientes, para Gualeguaychú. Créanse dos cargos de fiscales auxiliares, un cargo de defensor, auxiliar, un cargo de mediador y tres cargos de escribientes, para Gualeguay. Créanse un cargo de agente fiscal, dos cargos de fiscales auxiliares, un cargo de mediador y tres cargos de escribientes, para Victoria.
Créanse un cargo de agente fiscal, dos cargos de fiscales auxiliares, un cargo de mediador y tres cargos de escribientes, para Nogoyá. Asimismo, facultase al Superior Tribunal de Justicia a arbitrar los medios necesarios para la implementación y aplicación del Nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos, Ley N° 9754 en la medida de las posibilidades presupuestarias. Asimismo, para disponer las prórrogas que su entrada en vigencia demande o modificaciones al cronograma fijado por ley, ello según las nuevas realidades que surgen de la presente y teniendo en cuenta particularmente las necesidades de reformas edilicias, de mayor personal, de mayores recursos o bien por razones de conveniencia y mejor servicio de justicia.
Los gastos que demande la aplicación de lo dispuesto, serán imputados a rentas generales.

Art. 16º - Facúltase al Superior Tribunal de Justicia, al Procurador General de la Provincia y al Defensor General de la Provincia, a adoptar todas las medidas necesarias y conducentes para ajustar el funcionamiento de sus áreas a la implementación gradual y progresiva de la Ley N° 9754, lo que incluye propuestas de reubicación o reasignación del personal y sus tareas, preservando la jerarquía y los haberes, incluso solicitando la creación de nuevas dependencias y áreas de gestión en favor del correcto funcionamiento del servicio de justicia y del respeto por las garantías de los justiciables, sean estos imputados o víctimas.

Art. 17º - Créase la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Entre Ríos, con asiento en la ciudad de Paraná, la que estará integrada por tres miembros y un secretario, contando con un jefe de despacho y tres escribientes, teniendo competencia material en todo el ámbito de la provincia.

Art. 18º - Derogación expresa e implícita. Al tiempo de entrar en vigencia la Ley N° 9754, quedará derogada toda disposición legal o reglamentaria que se oponga a lo dispuesto en la presente.

Art. 19º - Dése al trámite de mediación desarrollada en el ámbito del MPF., como criterio de prioridad en las investigaciones y previsto en el artículo 5° de la Ley 9754, el siguiente marco regulatorio, sin perjuicio de las normas que la autoridad de aplicación dicte en el futuro:

a- Finalidad. La mediación penal es el procedimiento que tiene por objeto la reparación y/o compensación de las consecuencias del hecho delictivo, mediante una prestación voluntaria del autor a favor del lesionado, víctima u ofendido. Cuando esto no sea posible, no prometa ningún resultado o no sea suficiente por si mismo, entrará a consideración la reparación frente a la comunidad.

b- Principios del Procedimiento. El procedimiento orientado a la resolución alternativa de conflictos penales se regirá por los principios de voluntariedad, confidencialidad, celeridad, informalidad, gratuidad, neutralidad e imparcialidad de los mediadores estatales. En todos los casos, será necesario el expreso consentimiento de la víctima o de su representante legal.

c- Órgano encargado. El procedimiento estará a cargo de la oficina de mediación, la que se encuentra en la órbita de la Unidad de salidas tempranas dependiente del Ministerio Público Fiscal.

d- Casos en los que procede. La Oficina de mediación deberá tomar intervención en cada caso en que el fiscal a cargo de la unidad de salidas tempranas la derive un legajo.
Sin perjuicio de lo anterior, se consideran casos especialmente susceptibles de sometimiento al presente régimen:
a) Causas vinculadas con hechos suscitados por motivos de familia, convivencia o vecindad.
b) Causas cuyo conflicto es de contenido patrimonial.
c) Hechos de escasa trascendencia o impacto social. No procederá el trámite de la mediación penal en aquellas causas que:
a) Se trate de delitos graves y la o las víctimas fueran personas menores de edad, con excepción de las causas seguidas en orden a las Leyes 13.944 y 24.270.
b) Los imputados sean funcionarios públicos, siempre que los hechos denunciados hayan sido cometidos en ejercicio o en ocasión de la función pública.
c) Causas dolosas relativas a delitos previstos en el libro segundo del Código Penal, título 1 (capítulos 1 y 3); título 3 (Delitos contra la integridad sexual); título 5 (capítulo 1, con excepción de los Arts. 149 bis y ter.) y título 6 (capítulo 2, con excepción del Art. 164, el que podrá ser sometido a mediación, según las circunstancias que rodeen el caso, capítulo 3).
d) Título 10 delitos contra los Poderes Públicos y el orden constitucional.
No se admitirá una nueva medición penal respecto de quien hubiese incumplido un acuerdo en un trámite anterior.
Aquellas causas en que el denunciado ya se hubiera beneficiado con un acuerdo, relacionado con idéntica índole de conflicto y contra el/los mismo/s damnificado/s, podrá ser mediado según los criterios de conveniencia que el fiscal expresamente consigne para el caso concreto.

f- Inicio. El procedimiento de resolución alternativa de conflicto podrá ser requerido por el fiscal que intervenga en el legajo, a solicitud de cualquiera de las partes, incluso de la propia víctima.
El régimen del presente instituto será aplicable hasta el auto de apertura a juicio.

g- Remisión. El agente fiscal a cargo de la unidad de recepción de denuncias y atención temprana evaluará si corresponde remitir la solicitud a la oficina de mediación. Asimismo, apreciará en el caso que sea a pedido de parte o de la víctima, si la solicitud se encuentra encuadrada en los parámetros del artículo 5°, a fin de remitir la denuncia a la oficina de mediación.
En caso que el agente fiscal a cargo de la unidad de recepción de denuncias y atención temprana entienda prima facie, que el hecho atribuido no encuadra en una figura legal o medie causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o una excusa absolutoria, no dará curso a la solicitud y se resolverá en el trámite correspondiente al legajo.
Igual criterio deberán observar los fiscales a cargo de las localidades de Chajarí, Federación y Federal.

h- Citaciones. La oficina de mediación deberá citar a las partes, invitándolas a una primera reunión, mediante cualquier medio fehaciente, debiéndoles hacer saber el carácter voluntario del trámite y el derecho a concurrir con asistencia letrada.
En caso de incomparecencia de alguna de las partes, la oficina invitará a concurrir a una segunda reunión, en los mismos términos.

i- Incomparecencia. En caso que alguna o todas las partes no concurran a las reuniones fijadas, o de hacerlo, manifiesten su desistimiento al presente procedimiento, el trámite se dará por concluido, labrándose un acta, en la que constará las circunstancias de las notificaciones y la presencia de la parte que haya concurrido, elevándose la misma al agente fiscal correspondiente a fin de que continúe el trámite del legajo.

j- Representación de las partes. Las partes asistirán a las reuniones personalmente, no pudiendo hacerlo mediante apoderado. No será obligatorio el patrocinio letrado. En caso de que asistan acompañados de letrados, las partes tendrán derecho a entrevistarse ellos, cuando lo consideren necesario. Es obligatoria la intervención del ministerio pupilar cuando se trate de las causas en las que se encuentren involucrados los derechos de menores, en particular aquellas seguidas en orden a las Leyes 13.944 y 24.270.

k- Informe del Registro de Resolución Alternativa de Conflictos Penales. Previo al comienzo de las reuniones entre las partes, el funcionario a cargo de la resolución del conflicto constatará en el Registro de Resolución Alternativa de Conflictivos, que al efecto se creará en la órbita de la oficina de mediación, la información acerca de los trámites de resolución alternativa de conflictos en los que participe o haya participado el denunciado.
En los casos en que existan en curso otros trámites de resolución alternativa de conflicto en que intervengan ambas partes, podrán unificarse, cuando ello no perjudique la posibilidad de arribar un acuerdo.

I- De las reuniones. Las reuniones con las partes podrán ser privadas o conjuntas. Las mismas se realizarán en dependencias de la Oficina de mediación pudiendo realizarse en otros ámbitos.

II- Acuerdo de Confidencialidad. Al inicio de la primera reunión el funcionario a cargo del trámite deberá informar a las partes detalladamente el procedimiento que se llevará a cabo y la voluntariedad del mismo. De contar con el consentimiento de las partes y previo a abordar el conflicto, se suscribirá un convenio de confidencialidad.

m- Sustanciación de las sesiones. Durante las reuniones el funcionario interviniente tendrá amplias facultades para sesionar, cuidando de no favorecer con su conducta a una de las partes y de no violar el deber de confidencialidad. Las mismas se sustanciarán de manera informal y oralmente; se labrarán actas de las entrevistas, rubricadas por los intervinientes y el funcionario a cargo.

o- Intervención del equipo técnico. Cuando el funcionario interviniente considere necesaria la participación en el trámite de alguno o algunos de los integrantes del equipo técnico perteneciente al Poder Judicial, le hará saber tal circunstancia a las partes, debiendo oportunamente invitar a la/s partes a participar en las entrevistas que los profesionales fijen.
Los profesionales integrantes de los equipos técnicos especializados, deberán prestar colaboración, otorgando prioridad a la atención de casos urgentes que así lo demanden.

p- Acuerdo. En caso de arribarse a un acuerdo en el que ambas partes encuentren satisfechos sus intereses, se labrará un acta, en la que se dejará constancia de los alcances del mismo, número del legajo que diera origen a la misma, de las firmas de las partes, de los letrados patrocinantes y del funcionario interviniente. Asimismo se dejará constancia que el alcance del acuerdo no implicará la asunción de culpabilidad para los reclamos pecuniarios, salvo pacto expreso en contrario.
No podrá dejarse constancia de manifestaciones de las partes. En caso de no arribarse a un acuerdo, se labrará un Acta con copia para las partes y otra para incorporar al legajo.

q- Comunicación. En el plazo de diez (10) días de firmado el acuerdo o de concluir el trámite por no arribar al mismo, el funcionario interviniente deberá notificarlo al agente fiscal que haya intervenido en el legajo e informar al registro creado a tal efecto.

r- Plazo. El plazo para el procedimiento será de sesenta (60) días corridos a contar desde la remisión del legajo a la oficina respectiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado, mediante acuerdo entre las partes.

s- Efectos sobre el proceso. En aquellos acuerdos en que las partes hayan dado enteramente por satisfechas sus pretensiones, el agente fiscal procederá al archivo de las actuaciones, cuando aún no se hubiera dictado el auto de apertura a prueba. En caso contrario, si el imputado hubiera sido citado a declarar, se le solicitará el dictado del sobreseimiento al juez de garantías. Para los casos en que se pacte alguna obligación para las partes, el legajo se reservará sujeto a condiciones en la sede de la oficina de mediación a fin de que constate el cumplimiento o incumplimiento de las mismas.
Verificado el cumplimiento, se remitirán las actuaciones al agente fiscal, quien procederá de la manera enunciada en el párrafo primero. En caso de comprobarse el incumplimiento de aquellas en el plazo acordado, se dejará constancia de dicha circunstancia, procediéndose al desarchivo del legajo y a la continuación de su trámite.
El tiempo que fuera insumido en el trámite de la mediación se entenderá que el legajo no estuvo en poder de la unidad fiscal respectiva; por lo que se considerará que los plazos fijados en el primer párrafo del Art. 223 del Código Procesal Penal estuvieron suspendidos.

t- Seguimiento. En los casos en los que se arribe a un acuerdo, la Oficina de mediación podrá disponer el control y seguimiento de lo pactado, pudiendo para ello solicitar colaboración a instituciones, públicas y privadas, la que no revestirá el carácter de obligatoria. Asimismo, en aquellos casos en los que se haya acordado algún tipo de tratamiento, terapia, participación en algún programa de rehabilitación, etc.; podrá derivar mediante oficio a las entidades públicas o privadas que presten ese servicio.

u- Secreto Profesional. Los funcionarios entrevistadores actuarán bajo secreto profesional, por lo cual no podrán revelar ningún hecho a cuyo conocimiento hubieran accedido durante o en ocasión de su participación en este proceso, ni podrán ser citados a juicio por ninguna de las partes.

v- Coordinación de actividades. El fiscal coordinador de manera conjunta con el fiscal a cargo de la unidad de salidas tempranas y/o los fiscales de las ciudades que comprenda su jurisdicción, establecerán una agenda para atender las mediaciones derivadas de cada localidad.

w- Registro de Resoluciones Alternativas de Conflictos. En el ámbito de la oficina de mediación se creará un Registro de Resoluciones Alternativas de Conflictos, donde deberán registrarse todos aquellos trámites iniciados, debiendo constar partes intervinientes, unidad fiscal y número de Legajo que diera origen al mismo, índole del conflicto y el arribo o no a un acuerdo entre las partes. Con la puesta en vigencia progresiva del nuevo CPP., éste registro será implementado en todas las jurisdicciones, centralizándose la información en un registro provincial llevado a tal efecto en el ámbito de la Procuración General de la Provincia.

 
 


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